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El Tribunal de Cuentas ha mostrado su preocupación respecto a un tema que, en los últimos años, está suponiendo un problema en algunas Administraciones: el “aumento artificial” de las plantillas de personal de las administraciones públicas con personal procedente de empresas de servicios contratadas por aquéllas. De hecho, el Tribunal de Cuentas ha presentado una Moción a las Cortes Generales sobre la necesidad de evitar los riesgos de que los trabajadores de las empresas de servicios contratadas por la Administración se conviertan en personal laboral en virtud de sentencias judiciales.
Al Tribunal de Cuentas, como órgano constitucional del Estado, parece que le preocupa el futuro de nuestra Administración y aquellos aspectos relacionados con la función pública que pudieran suponer la transgresión de los límites establecidos por nuestro ordenamiento jurídico.
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