Provisión de puestos en el Ayuntamiento de Almería: parte II

justicia

Nos hemos visto obligados a solicitar al Área de Personal, por segunda vez en un mismo año, que se convoque un concurso general de provisión de puestos. La primera vez que solicitamos la realización de un concurso de traslados fue el día 2 de marzo de 2009, escrito al que todavía no nos han contestado.

Con fecha 19 de octubre de 2009, siete meses después, hemos realizado nuevamente esta petición. A diferencia de la anterior, esta vez sí hemos obtenido contestación por parte de la Concejalía de Personal. Parece ser que la intención es convocar un concurso general de provisión de puestos para el próximo año 2010. El oficio firmado por la Sra. Concejal de Personal de fecha 23 de octubre de 2009 dice así: “En contestación a su escrito de fecha 19 de Octubre actual, esta Concejalía pone en su conocimiento que, en desarrollo de la política de personal de este Área, está prevista y programada para el próximo año 2010 la realización de los procesos de consolidación y estabilidad del empleo del personal municipal temporal existente, que se iniciarán a principios de dicho ejercicio y se extenderán a lo largo de todo el año.- No obstante lo anterior, esta Concejalía le comunica que, en la medida en que la ejecución prevista de dicha programación lo permita, también se procederá a efectuar la convocatoria del concurso general de provisión de puestos de trabajo del eprsonal municipal de este Ayuntamiento”

Podemos aventurarnos a afirmar que en el Ayuntamiento de Almería el sistema de provisión de puestos de trabajo no funciona bien o, al menos, no funciona tal y como marcan las leyes de función pública  y podríamos afirmar también que los órganos de gestión de personal del Ayuntamiento de Almería no aplican, en esta materia, lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Y este es un asunto de no poca importancia porque puede favorecer que la discrecionalidad y, paralelamente, la arbitrariedad desplacen al mérito, a la capacidad y a la igualdad en el sistema de provisión de puestos.

En estos casos, son los titulares de los órganos de gobierno los que deben aplicar la Ley y garantizar el respeto de las normas.

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